La salud como placebo de las políticas públicas estatales

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Hacer un análisis de la situación actual de las instituciones gubernamentales del sector salud, nos da pie para examinar cómo la situación en cuanto a las políticas públicas que existe actualmente no es más que una larga lista de desatenciones que la estructura del estado ha implementado como política a nivel federal, para desmantelar la organización estatal, para socavarla y poder, entonces, relegar su responsabilidad, en los casos de paraestatales, a empresas privadas. El ejemplo más claro lo vemos en el campo, donde prácticamente se ha disuelto cualquier posibilidad de apoyo al agro que asegure y sustente la posibilidad de la soberanía alimentaria. La realidad es que se importa la mayoría del grano que se consume. Cuando esta dinámica institucional se repite dentro de los organismos como la educación o la salud, el asunto preocupa mucho más, dado que la mayor parte de la población depende de estas entidades para acceder a un beneficio social. Rhina Roux nos explica cómo todo este desmantelamiento tiene como preámbulo la instauración del Capital y sus prácticas que tienen la intención de desfavorecer la fuerza de trabajo[1].

La salud es la  columna vertebral de lo que debería ser una parte fundamental en el Estado. El derecho a la salud está plasmado en el artículo cuarto de la Constitución mexicana, que dice que: “toda persona tiene derechos a la protección de la salud […] El estado otorgará servicios de salud a través de la Federación, estados y municipios de acuerdo a lo establecido en la ley”. Las políticas públicas deberían estar encaminadas no sólo a garantizar la atención de la población más vulnerable, sino a garantizar también los derechos laborales de los trabajadores. Las recientes reformas constitucionales nos dejan claro que ninguna de las dos cuestiones anteriores son prioridad para el Estado y que la desvaloración de la fuerza de trabajo dada la incapacidad de avalar sus exigencias laborales, tiene como finalidad, beneficiar a las compañías particulares. Las estadísticas por muertes prevenibles en poblaciones vulnerables alarman, el padrón del Seguro Popular no refleja la situación real por la que pasan las familias afiliadas que tienen que comprar su propio medicamento y hasta material de curación para poder ser atendidos. Dos puntas de la misma madeja.

 Toda esta situación se ve reflejada en las movilizaciones que el día de ayer ocurrieron en puntos estratégicos de la región del Istmo, la extrañeza fue general al ver a un sector que generalmente no sale a las calles, exigir la renuncia de sus líderes sindicales y externar sus inconformidades. “Antes que nada una disculpa a la ciudadanía por ocasionar esta movilización pero es indispensable hacerles saber que estamos siendo reprimidos en nuestros derechos como trabajadores y que un futuro sera lastimada a la población en general” expresan.

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Las demandas son puntuales: respeto para su contrato laboral, que sean cubiertos pagos atrasados y la destitución de su líder sindical que ha desistido a la encomienda de luchar por los derechos colectivos de los trabajadores. “Exigimos la salida del represor Juan Díaz Pimentel de los Servicios de Salud de Oaxaca, y estabilidad y certeza laboral a los compañeros regularizados, formalizados y eventuales, que ningún trabajador de contrato sea despedido”

Ellas y ellos, trabajadores del sector salud, que desde la mañana, hasta la tarde han tomado las calles, desde donde observan a la población que pasa entre el bloqueo para trasbordar y llegar a su destino, expresan que “a pesar de haber sido violentado nuestros derechos como trabajadores de la salud se está brindando la atención en las áreas de urgencias y hospitalización de acuerdo a cada necesidad de la población”. Saben, sus movilizaciones asfixian a un de por sí ya convulsionado Istmo de Tehuantepec, sin embargo, tienen la certeza de que de otra manera sus argumentos no serán escuchados. Es por eso que el Hospital General de Especialidades, el Centro de Salud de Salina Cruz y el Hospital comunitario de San Pedro Huamelula están manifestándose, con la consigna de exigir respeto para sus derechos y una atención digna a la población que accede a los servicios públicos de salud.

[1] La desvalorización de la fuerza de trabajo y la “flexibilidad laboral” fueron las dos líneas combinadas utilizadas desde entonces para incrementar la explotación suprimiendo mecanismos de control obrero sobre el uso de la fuerza de trabajo y debilitando la contratación colectiva (Roux, 2015: 102)

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